Como asesor y académico comprometido con la gestión pública eficiente y la salud laboral, expreso mi profunda preocupación por el uso irregular de licencias médicas en el sector público, especialmente por funcionarios que viajan al extranjero durante el período de reposo. Esta práctica afecta gravemente la continuidad de los servicios municipales y la calidad de la atención primaria de salud, sobrecargando equipos y deteriorando la confianza ciudadana.

Resulta urgente revisar y actualizar la legislación vigente que regula las licencias médicas, en particular la Ley N° 18.834 (Estatuto Administrativo), el Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, y el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2006, que establece el marco para la autorización y control de licencias médicas. Este último requiere una revisión profunda para incorporar prohibiciones claras sobre viajes no autorizados durante las licencias y establecer sanciones proporcionales al incumplimiento, dado que actualmente no contempla mecanismos específicos para fiscalizar estas situaciones.

Asimismo, es imprescindible fortalecer los sistemas de control mediante el cruce automatizado de datos migratorios y licencias médicas, mejorar la gestión administrativa para agilizar la contratación de reemplazos temporales y promover programas de bienestar y prevención en el ámbito laboral.

Solo con una reforma normativa integral, acompañada de mecanismos efectivos de fiscalización y apoyo técnico, podremos proteger los recursos públicos, garantizar la calidad de los servicios y restaurar la probidad en el sector público.